Un breve análisis filosófico jurídico de la situación institucional actual.
Las circunstancias sanitarias excepcionales que nos encontramos atravesando en el contexto actual como producto de la pandemia del Coronavirus, han traído a debate profundas discusiones acerca de las implicancias constitucionales que emergen de las medidas adoptadas por el gobierno.
Tales cuestiones no parecen discutirse pura y exclusivamente en el ámbito de la legalidad de tales medidas, sino en la razonabilidad de las mismas; debate éste que acapara la atención de profesionales de las áreas más diversas.
Desde la óptica filosófico jurídica, el análisis resulta ser mucho más difuso, no tratándose esta vez de aplicar rótulos tales como legalidad o ilegalidad, sino por la significación que los distintos sectores de la sociedad asignan a una hipotética razonabilidad.
En estos términos, el planteamiento de la cuestión parece desafiar los límites que la teoría tradicionalmente nos ha propuesto, instándonos a reflexionar sobre cuestiones aún más profundas.
El Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo, al igual que cualquier norma, nos obliga a indagar sobre su proporcionalidad; criterio éste, que fuera ampliamente desarrollado por el filósofo de derecho y jurista contemporáneo alemán Robert Alexy.
Proporcionalidad que debe ser analizada - en primer lugar - desde el ámbito fáctico, es decir, analizar si las medidas y restricciones son adecuadas y estrictamente necesarias, y desde el ámbito jurídico; ponderando la limitación estricta de los diversos derechos constitucionales que se encuentran alcanzados por la restricción.
La compleja problemática y el arduo análisis que proponen ambos extremos, requiere el auxilio multidisciplinar, puesto que cada factor se encuentra influido por diversas contingencias cuya resolución no puede ser descifrada desde una única perspectiva.
Todas las medidas que al día de hoy han sido adoptadas, parecieran haberse encontrado encuadradas en el renombrado “bienestar general” consagrado por nuestra Constitución Nacional desde su preámbulo, el cual nos propone focalizar en aquello que constituye el bien común del conjunto, toda vez que, garantizando este último podrían construirse los cimientos del desarrollo individual.
En esta inteligencia, las restricciones cuyo objeto principal parece lícito o al menos razonable, en un comienzo fueron acatadas pacíficamente por una amplia mayoría. Pero, tal aparente pasividad y conformidad, fue transformándose paulatinamente en hastío y descontento.
Cabe preguntarse al respecto, si tales restricciones siguen adoptándose en el marco del bien común – lo que hasta aquí habría legitimado su promoción – o bien, si la significación de este concepto, que originalmente tiñó de proporcional la situación excepcional del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), ha dado paso a otras demandas no menos urgentes, y cuestionamientos sociales que encienden la alarma de los criterios más elementales que definen la razonabilidad de los actos de gobierno.
La razonable temporalidad del ASPO fue – dentro del análisis fáctico de la adecuación y la necesidad de llevarlo a cabo – una variable central, toda vez que, encontrándose satisfecho cierto recaudo temporal de extensión, el mismo justificaría la posibilidad jurídica de que fuera llevado a cabo.
Pareciera que, una vez más, todos los criterios valorativos en pugna se encontrarían alineados detrás del ideal de bien común, constitucionalmente consagrado.
Empero, considerando que dicho ideal - legitimado también por la ciudadanía en democracia - fue encontrando nuevos caminos y alternativas para expresarse: ¿continúan siendo las medidas adoptadas legitimadas en este último? ¿Es en verdad la democracia lo que actualmente guía el sendero de las decisiones políticas actuales? La polémica aseveración proveniente del Poder Ejecutivo que expresa “la cuarentena va a durar lo que tenga que durar”: ¿continúa encontrándose respaldada por un “detrás de escena” institucional y ajustado a criterios de proporcionalidad?
Aunque las situaciones cruciales como la actual crisis sanitaria hayan requerido medidas acordes, ningún gobierno debiera olvidar el respeto al Estado de Derecho, cuyo imperio es el pilar fundamental sobre el cual se construye nuestra sociedad civil. En paralelo, ningún ciudadano debiera olvidar la importancia de poner en tela de juicio la realización actual de la institucionalidad y horizontes garantizados por nuestra democracia.
Lucía Echezarraga.
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